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Muchos profesionales persiguen el objetivo de, en algún momento de sus carreras, convertirse en administradores, directivos o apoderados de la empresa para la que trabajan. También es posible que persigan una idea de negocio, la hagan realidad y ostenten un cargo de este tipo.
Sin embargo, todas estas personas han de ser prudentes con sus actos y tener en cuenta que la legislación española prevé la responsabilidad penal de los administradores de empresas, así como de los directivos y apoderados. Pero ¿qué dice exactamente?
¿Qué es la responsabilidad penal de los administradores de una empresa?
Cuando hablamos de responsabilidad penal de un apoderado de empresa, de un administrador o de un directivo, a lo que hacemos referencia es a la posibilidad que brinda el Código Penal de procesarles y sancionarles por delitos que sean cometidos en el ejercicio de sus funciones. Al contrario de lo que muchos piensan, estas figuras no solo pueden ser condenadas en nombre de la empresa a la que representan, sino también a nivel individual.
Estaríamos hablando, por ejemplo, de un administrador que deriva parte de los beneficios del negocio a sus cuentas personales sin consentimiento del resto de miembros de la junta directiva. También de un apoderado que realiza una operación ilícita por su cuenta y riesgo a nombre del negocio. El glosario es muy amplio y abarca desde la malversación de fondos hasta la corrupción, pasando por las violaciones de los derechos laborales o los delitos contra el medioambiente.
Sin embargo, no todas las acciones que conllevan responsabilidad penal de un directivo son actos directos. En este sentido, el Código Penal también prevé la participación en actividades delictivas cometidas por otros (por ejemplo, desviar fondos a una sociedad ilegal) o la negligencia en la supervisión. No olvidemos que todos estos profesionales tienen una serie de obligaciones que han de cumplir sí o sí.
¿Qué consecuencias tiene la responsabilidad penal de los directivos, administradores y apoderados?
Todo depende de la gravedad del delito que hayan cometido. En este sentido, las penas más bajas suponen inhabilitaciones y restricciones profesionales que les impidan ejercer un puesto de similares características durante un determinado período de tiempo. En algunos casos, durante el resto de su vida laboral.
En un segundo grado hablaríamos de sanciones económicas en forma de multas, las cuales suelen ser bastante cuantiosas. Sin embargo, si el delito es lo suficientemente grave, el administrador, directivo o apoderado puede llegar a entrar en prisión durante bastantes años.
Estas sanciones no son siempre exclusivas, sino que se complementan en la mayoría de los casos. Es decir, un profesional de estas características puede tener que enfrentarse a una pena de prisión, a una multa económica y a la inhabilitación durante un período de tiempo concreto. Es más, puede verse obligado a resarcir económicamente en concepto de daños y perjuicios a los afectados por sus acciones delictivas.
Todas estas sanciones se suman a las que puede recibir la empresa para la que trabaja. En este sentido, los casos más graves pueden llegar a suponer la pérdida de licencias comerciales o, incluso, la disolución del negocio.
¿Por qué es necesaria la responsabilidad penal de los administradores, apoderados y directivos de empresas?
Estos profesionales, debido a su posición de liderazgo dentro del negocio, toman a diario decisiones de gran importancia. No solo para la empresa y para ellos mismos, sino también para todos aquellos que les rodean. Por ello, no es de extrañar que el Código Penal prevea una serie de sanciones específicas para ellos.
Es cierto que, al igual que cualquier otro ciudadano, los administradores, apoderados y directivos están obligados a actuar con integridad y respeto hacia las leyes. Sin embargo, el carácter de las decisiones a las que antes hemos hecho referencia obligan a tener un especial cuidado.
Por ello, suele ser aconsejable la implantación de sistemas de control interno y la promoción de culturas empresariales éticas. El objetivo es garantizar que cumplan con sus obligaciones con el mayor rigor y que se aseguren que las personas a su cargo también lo hagan. No hay que olvidar que la comisión de acciones delictivas por parte de los subordinados también puede conllevar responsabilidad penal para sus superiores.
Sin duda, la mejor manera de eludir la responsabilidad penal de este tipo de profesionales es contar en todo momento con un equipo jurídico que brinde asesoramiento legal. No solo para que les represente en un proceso judicial llegado el momento, sino para evitar que se produzca. Como suele decirse, prevenir siempre es mejor que curar. En nuestros despachos de abogados en Madrid, contamos con abogados especialistas en defensa de directivos y administradores, ya sea en la rama penal o en la laboral.
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