Tutor legal: derechos y obligaciones

Hay personas que, al encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad, necesitan estar sujetos a la figura de protección que proporciona la tutela legal. En líneas generales, estos suelen ser menores de edad que no se encuentran emancipados y que han perdido a sus ascendientes y personas incapacitadas judicialmente por no estar en plena posesión de sus facultades físicas o psíquicas. Aquí vamos a centrarnos en este tema para comprender mejor lo que significa y las obligaciones que conlleva.

¿Qué significa tutela legal?

La tutela es una institución propia del ámbito jurídico cuyo propósito es proteger y guardar a una persona y/o a sus bienes. Esto debe hacerlo un sujeto que será designado judicialmente como tutor legal y se ejecutará sobre una persona cercana a él que no tenga la capacidad de gobernarse a sí mismo habiendo sido declarado incapaz mediante sentencia judicial o sobre menores de edad que no se encuentren emancipados.

¿Quiénes pueden ser tutores legales de otra persona?

El tutor legal de un incapacitado o de un menor no emancipado debe ser designado por un juez en todos los casos. Para ver qué personas pueden desempeñar este papel debemos recurrir a lo dispuesto en el artículo 234 del Código Civil. Este especifica que tienen la posibilidad de asumir esta responsabilidad:

• La persona que haya sido designada por la propia persona a tutelar sin importar si hay parentesco o no.
• Los padres del tutelado.
• El cónyuge que resida junto a la persona a tutelar.
• Personas que hayan sido designadas en testamentos y otro tipo de disposiciones de última voluntad.
• Hermanos, ascendientes o descendientes designados por el juez mediante sentencia judicial.

El orden descrito es, además, el que establece el Código Civil y al que se debe dar prioridad. Sin embargo, siempre que se den determinadas circunstancias que lo hagan necesario o aconsejable, el juez puede alterarlo y conceder la tutela a quien estime oportuno. Es decir, puede que legalmente le tocase ser tutor al cónyuge del incapacitado, pero el juez puede llegar a la conclusión de que no es la persona más adecuada y concederle la tutela a un hermano.

Por su lado, las comunidades autónomas que conforman nuestro país pueden establecer órdenes de preferencia distintos a la hora de designar al tutor legal de un incapacitado. Por lo tanto, le recomendamos echar un vistazo a la legislación civil del lugar en el que resida para cerciorarse plenamente.

¿Cuáles son las obligaciones del tutor legal con el incapacitado?

La primera de las obligaciones del tutor legal con la persona incapacitada o no emancipada, y probablemente la más importante, es la de prestar alimentos a la persona que se encuentra bajo su tutela. Pero, además, también tiene que asumir las siguientes funciones:

• Mantener una relación de respeto y consideración con el tutelado.
• Informar al juez de los cambios en el estado de salud, en la situación personal, familiar y sentimental, en el lugar de residencia y en la economía del tutelado.
• Si es un menor de edad no emancipado, el tutor tiene que proporcionarle una educación adecuada según su edad.
• Al poder administrar sus bienes ha de asumir también la responsabilidad sobre los posibles daños causados por sus propias acciones.
• Anualmente, deberá presentar un informe en el juzgado que refleje la situación económica del tutelado.
• Además, desde el momento en el que asuma la figura de tutor y en un plazo máximo de dos meses, deberá entregar en el juzgado un inventario del patrimonio de la persona tutelada en el que se reflejen las deudas, créditos, cargas y bienes que lo conformen.
• Al terminar el período de tutela, ya sea por la adquisición de la mayoría de edad del menor o por la muerte o recuperación del incapacitado, el tutor tiene que presentar en el juzgado un informe llamado rendición final de cuentas. Tiene de plazo 3 meses desde el cese o la finalización de la tutela.

¿Qué no puede hacer un tutor legal sin autorización judicial?

El Código Civil también especifica que los órganos judiciales tienen la obligación de protegerle de las acciones de su tutor. Por ello, exige a este una autorización judicial previa que, en todo caso, dará prioridad al interés del tutelado a la hora de llevar a cabo cualquiera de estos actos:

• Vender, donar o ceder la propiedad de cualquier bien inmueble o mercantil o que tenga que ver con derechos industriales o de propiedad intelectual.
• Renunciar a herencias, donaciones o legados.
• Vender, donar o ceder derechos reales.
• Renunciar a créditos.
• Otorgar derechos de garantía (fianzas, avales, etc.) sobre obligaciones de terceros.
• Firmar contratos de alquiler sobre sus propiedades por un período superior a 15 años.
• Aceptar o dar préstamos o créditos.
• Cancelar cuentas en portales digitales.
• Asentir, transigir, desistir o renunciar a demandas que tengan que ver con sus propiedades o derechos.
• Constituir, escindir, fusionar o disolver sociedades.
• Asumir la condición de socio en una sociedad de responsabilidad no limitada.

Renuncia a ser tutor legal, ¿es posible?

En todos los casos, un juez, mediante sentencia judicial, es el sujeto que puede determinar quién asume el cargo de tutor sobre un incapacitado o un menor no emancipado. En principio, una vez que se concede esta obligación, no es posible renunciar a ella por pura voluntad de la persona designada. Sin embargo, existe una serie de causas que permiten llevar a cabo la renuncia a ser tutor legal. Podemos especificar las siguientes:

• Edad demasiado elevada de la persona designada.
• Conflictos económicos o personales con el sujeto a tutelar.
• Condiciones laborales que dificulten que el tutor pueda desempeñar su cargo con plenas garantías para el tutelado.
• Incapacidad física o psíquica previa o adquirida que inhabilite al tutor a ejercer sus funciones.

La renuncia a la tutela por parte del incapacitado puede efectuar siempre que se alegue cualquiera de estos motivos, puede llevarse a cabo durante el proceso de determinación de la tutela o cuando esta ya ha sido concedida. Eso sí, en este último caso, el juez deberá reiniciar el proceso y encontrar a otro sujeto válido dispuesto a llevarla a cabo. Este proceso se denomina, dentro del ámbito judicial, remoción de tutela. Hasta la determinación de un nuevo tutor, el anterior ha de seguir llevando a cabo sus obligaciones. Cuando esto suceda, deberá presentar la rendición final de cuentas a la que hicimos referencia anteriormente.

Pero, ¿qué sucede si se produce la renuncia a la tutela por parte de un familiar y no existe otro que pueda ejercerla? En ese caso en el que no hay nadie del entorno de la familia que pueda asumir la tutela, el juez asignará a una persona jurídica de carácter público o privado esa responsabilidad. El único requisito es que no tenga ánimo de lucro y que esté capacitada para asumir las obligaciones propias de la tutela y de proteger los intereses del tutelado adecuadamente.

Conclusiones sobre la tutela legal

En definitiva, la tutela de personas incapacitadas o menores de edad no emancipados es una figura jurídica que persigue proteger los bienes y derechos de aquellas personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Este es el motivo por el que es tan importante y por el que se encuentra tan protegida dentro de nuestro Código Civil. Esperamos haberle sido de ayuda y haber aclarado sus dudas al respecto.

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